Senadores aprobó el proyecto de ley de creación de Fiscalías contra la Violencia Institucional

30.10.2014 | Buenos Aires

Senadores aprobó el proyecto de ley de creación de Fiscalías contra la Violencia Institucional

La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó el proyecto de ley para la creación de Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional. La iniciativa fue elaborada por la legisladora de Nuevo Encuentro Mónica Macha y prevé la creación una herramienta que permitirá avanzar en la lucha contra la impunidad de la violencia ejercida por agentes estatales sobre grupos vulnerables en la Provincia de Buenos Aires.

"El proyecto que hoy aprobó el Senado es el resultado de un trabajo colectivo y participativo con instituciones y organizaciones de Derechos Humanos que aportaron su mirada y experiencia. Hemos trabajado intensamente con el CELS, con la Comisión Provincial por la Memoria, con abogados especialistas en violencia institucional, con fiscales, con familiares de víctimas, con funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial", explicó Macha.

"La Violencia Institucional está enquistada como práctica en nuestras fuerzas de seguridad", aseguró la legisladora kirchnerista. "Esas prácticas son posibles porque no se investigan, porque nadie es encontrado culpable, porque nadie es sancionado. El Poder Judicial es tan responsable de la violencia institucional como los agentes que la ejecutan. Se trata de delitos graves contra las personas ejercidos por trabajadores y funcionarios del Estado", agregó.

La senadora por Nuevo Encuentro explicó que "se conoce el hostigamiento, las detenciones ilegales, el maltrato, el gatillo fácil, y la tortura en sus múltiples formas, en contextos de encierro y fuera de ellos. Y también sabemos perfectamente que estos hechos en la mayoría de los casos no se investigan y quedan impunes".

En ese sentido, Macha destacó que "este proyecto expresa nuestra responsabilidad como parte del Estado de avanzar con marcos regulatorios y herramientas concretas para la lucha contra la Violencia Institucional". Por último, la legisladora sabbatellista remarcó que "las prácticas persistentes de la violencia institucional son un legado de la dictadura. No es solo una deuda de nuestra democracia sino una grieta profunda en nuestro Estado de Derecho".

Según el Informe anual 2013 del Comité contra la Tortura “durante 2012 el Sistema Integrado del Ministerio Público (SIMP) registró el inicio de 3.113 causas judiciales asociadas a la Resolución 1.390 en los 18 departamentos judiciales [causas que son referidas a denuncias que involucran a funcionarios públicos, y que en su gran mayoría aluden a miembros de las fuerzas de seguridad]".

"Ello arroja un promedio de 259 denuncias por mes, es decir, casi 9 denuncias por día. Y cabe destacar, por supuesto, que los hechos ´denunciados´ son apenas una muestra muy pequeña de los actos violentos o ilegales que son cometidos por las fuerzas de seguridad contra la ciudadanía. Ya sea por la naturalización de las víctimas o el sentimiento de desconfianza sobre la Justicia en términos del arribo a una sanción para los torturadores, estos hechos exhiben una ´cifra negra´ elevada, además de las falencias de registro del SIMP.”, destaca el informe 2013 del Comité contra la Tortura.

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¿Cuáles son los principales componentes del PROYECTO CREACIÓN DE FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA INSTITUCIONAL presentado?
• Se crean las Unidades Fiscales de Investigación y Juicio especializadas en delitos vinculados a la Violencia Institucional, en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, y en todos los Departamentos Judiciales.
• Las Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional tendrán competencia exclusiva sobre las causas que investiguen una serie de delitos enunciados en la ley cometidos o presuntamente cometidos por agentes estatales. Asimismo se incluyen aquellos delitos que resultaren claramente vinculados a ellos (encubrimiento, omisión de denuncia, etc.).
• Los agentes fiscales, una vez enterados de un posible hecho de violencia institucional, deben poner de inmediato en funcionamiento un dispositivo de asistencia a la victima a fin de asegurar su protección y prevención de las consecuencias de la denuncia.
• El agente fiscal que intervenga en estas actuaciones debe ordenar de manera inmediata la realización de un amplio informe médico respecto de la víctima, el que deberá ser elaborado por los Cuerpos Periciales de la Suprema Corte de Justicia, a fin de asegurar la prueba de estos hechos.
• A fin de poder llevar un doble control y generar una alerta temprana en las agencias estatales de seguridad y penitenciarias, una vez iniciadas las investigaciones judiciales, el agente fiscal interviniente deberá poner en conocimiento la apertura de la investigación y los hechos que se denuncian, a los organismos de control interno de la institución a la que pertenece el denunciado o imputado, quienes deberán informar trimestralmente al agente fiscal los avances o resoluciones dictadas en las investigaciones administrativas que se inicien.
• Entendiendo que la información confiable y oportuna resulta materia prima esencial para la elaboración de políticas criminales eficaces, se crea el “Registro de Actuaciones Judiciales por Hechos de Violencia Institucional” en el ámbito del Ministerio Público, en el que deberán inscribirse todas las actuaciones judiciales que se inicien por hechos de violencia institucional. El mismo será de acceso público, a fin de garantizar el contralor ciudadano.
• El/La Procurador/a General deberá remitir semestralmente al Poder Legislativo, al Defensor del Pueblo, a la Comisión Provincial de la Memoria, y a otros organismos de derechos humanos que se considere, un informe que detalle la cantidad de actuaciones judiciales iniciadas por hechos de violencia institucional y el estado y avance de los procesos judiciales de competencia de estas Unidades Especializadas.
• Los agentes fiscales que sean designados a cargo de las Unidades Fiscales Especializadas en Violencia Institucional deberán reunir antecedentes comprobables de compromiso con la defensa de los derechos humanos e interés en la temática. Deberá existir previamente a la designación, un momento en donde sea posible presentar impugnaciones.

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